EFPA España ha elaborado un documento que recoge algunos de los sistemas de
pensiones que mejor funcionan en todo el mundo, facilitando así que los
contribuyentes puedan disfrutar de su jubilación manteniendo el poder
adquisitivo de su vida laboral. Modelos que cuentan con algunos elementos que
pueden servir de ejemplo para mejorar y actualizar el sistema de pensiones de
nuestro país.
1. REINO UNIDO
En Reino Unido nació Lord Beveridge, uno de los impulsores de una gran
Seguridad Social, la tradición liberal ha llevado a un paulatino descenso del
peso del sistema público en la organización de las pensiones del Reino Unido.
La flexibilidad y diversificación son dos de las palabras que podrían definir
este sistema innovador que cuenta con multitud de instrumentos de previsión para
su ejecución.
El sistema de pensiones del Reino Unido incluye un conjunto de ayudas
sociales centrado en cubrir prestaciones muy básicas, partiendo de la idea de
que el individuo es el principal impulsor de la planificación de su jubilación.
Desde abril de 2016, la jubilación británica tiene tres niveles:
1. Pensión Básica estatal
para aquellos que hayan contribuido un mínimo de años.
2. Pensión Complementaria
(cuantía porcentual al dinero ingresado). La denominada segunda pensión estatal
(S2P) está financiada en régimen de reparto, proporciona un importe adicional
en función de la renta y es de carácter contributivo.
3. “Pension Credit”, también
de carácter contributivo, constituye un beneficio semanal libre de impuestos
para personas con rentas bajas, con la finalidad de garantizar un importe
mínimo a los pensionistas. Es decir, se trata de una pensión asistencial,
exenta de impuestos, para personas en riesgo de exclusión.
2. SUECIA
El modelo sueco, que ha sido el más citado por los expertos como sistema a
imitar, prima la información al contribuyente, enviando un documento anual a
los contribuyentes en un característico color naranja, donde se informa
puntualmente a los ciudadanos sobre su pensión pública futura. Suecia abandonó
hace tiempo la idea de que sólo el Estado debe hacerse cargo de la pensión de
sus jubilados e informa de forma recurrente de la importancia de ahorrar
mediante planes privados para poder disfrutar de una jubilación sin perder su
nivel de vida anterior.
Suecia fue uno de los primeros países europeos que reformó su sistema de
pensiones para crear la capitalización de las cuentas de cada ciudadano,
basándose en la elección individual, el primero que adoptó el modelo de
aportación definida e introdujo la demografía como factor a tener en cuenta
para el cálculo de la cuantía de las pensiones.
El primer pilar es la pensión pública, financiada por las aportaciones de
empresa y trabajador, sumando en total el 18,5% de su salario bruto, del que el
16% se va acumulando en una cuenta individual virtual (cuenta nocional) y el
otro 2,5% del salario bruto del trabajador se asigna a un Fondo de Pensiones de
gestión privada, libremente elegible por el trabajador, entre diferentes Fondos
de Pensiones gestionados por entidades gestoras privadas en el mercado sueco.
El segundo pilar permite que más del 90% de los trabajadores suecos sean
partícipes de algún plan de pensiones de empleo, una adhesión cuasi
obligatoria, cuya estructura y condiciones dependen de la negociación colectiva
entre sindicatos y organizaciones empresariales, mientras que el tercero, de
carácter privado y voluntario, es de capitalización, gestionado por Fondos de
Pensiones o compañías aseguradoras. Su crecimiento ha sido favorecido a través
de incentivos fiscales y, aunque el primer pilar cubre a toda la población y el
segundo a más del 90%, las aportaciones voluntarias a este sistema individual
son realizadas por más de la mitad de la población.
3. AUSTRIA
Austria se basa en un sistema público de pensiones conocido
internacionalmente como “mochila austríaca”, creado en 2003, basado en la
aportación por parte de las compañías de un monto deducido del salario bruto
del trabajador a un fondo de capitalización. Posteriormente, el gobierno
autoriza su gestión por parte de los fondos de carácter privado.
La contribución por parte de la empresa al empleado de su salario bruto es
del 1,53%, unos fondos que se acumulan en cuenta, exentos de impuestos y de los
que puede hacer uso en caso de despido -por lo que no siempre cubre la
necesidad de ahorro para la jubilación- como complemento a su pensión o al
finalizar la vida laboral. Además, el país austríaco cuenta con 14 pagas, con
el objetivo de ayudar al más desfavorecido en los periodos de mayor gasto. Los
trabajadores con menos ingresos y muchos años cotizados se benefician de este
sistema.
4. CANADÁ
Canadá plantea un sistema dual de pensión universal (no contributiva) y
seguro social (contributiva), que ofrece la posibilidad de un reparto con
reservas para la estabilización económica de la economía del país y de todos
sus contribuyentes.
El sistema público de pensiones de Canadá cuenta con una cuantía de base
fija, a la que se suma el porcentaje del capital obtenido por el trabajador
durante su vida laboral. La principal característica del sistema de ingresos es
que incluyen acuerdos obligatorios y voluntarios, en los que participan tanto
particulares como gobierno, sindicatos y empresarios.
Existen tres tipos de prestaciones en el país canadiense, el Plan de
Pensiones de Canadá (CPP), un plan de pensiones al que se cotiza mientras se
trabaja, y que garantiza posteriormente un ingreso mensual durante la
jubilación, el denominado Seguro de Vejez (OAS), financiado por el gobierno
canadiense, y el Suplemento de Ingresos Garantizados (GIS), que complementa la
OAS, con una prestación adicional no imponible.
5. HOLANDA
Holanda es un país con un sistema de pensiones equilibrado, donde los
jubilados reciben, aproximadamente, el 50% del ingreso del sistema público y un
30% de los sistemas de empresa. El sistema público de pensiones combina el
modelo Beveridge, un primer nivel de protección de estilo escandinavo, con una
pensión mínima equivalente al salario mínimo (unos 1.400 euros), con un segundo
nivel obligatorio ligado a lo cotizado en el trabajo. Sin embargo, el gobierno
holandés ha priorizado en los últimos años un cambio de modelo para la
independencia de gestión de la jubilación.
El sistema público consta de un seguro universal financiado
mayoritariamente a través de un sistema de reparto. Para poder acceder a este
sistema, se debe haber vivido en el país entre los 15 y los 65 años de edad y
haber cotizado durante ese periodo. Por su parte, el sistema combina planes
voluntarios con obligatorios. Las empresas no están obligadas a tener un plan
de pensiones, pero suele surgir a partir de la negociación colectiva. De hecho,
aproximadamente el 91% de los ciudadanos del país tiene uno de estos planes.
6. AUSTRALIA
El sistema de jubilación australiano, conocido como ‘Superannuation’, que
comenzó en los años 90, se caracteriza por su principio de capitalización, que
establece el interés independiente de la financiación de su pensión. Gracias a
este sistema, todos los ciudadanos cuentan de forma obligatoria con una
retención de la nómina para su futura pensión, a cambio de obtener ciertas
ventajas fiscales y ahorrar de manera voluntaria a través de otros productos.
El uso de la palabra “Superannuation” alude al pago mediante reembolso con
la financiación de las prestaciones básicas o administrado por parte de las
empresas. Existen varias fórmulas de aportaciones, sin embargo, predomina la
filosofía de la aportación definida. En ocasiones, estas cantidades son
negociadas por la empresa en lo que se conoce como salary sacrifice –
sacrificio salarial.
7. CHILE
El sistema de pensiones chileno, que se configura como uno de los más
asentados en América Latina, pasó del antiguo sistema de reparto clásico, en el
que los jubilados recibían las aportaciones de los trabajadores activos de ese
momento, a un sistema de capitalización individual. Este modelo de pensiones no
goza de total libertad puesto que, de forma ineludible, todo trabajador debe
aportar un mínimo del 10% de su salario, realizando este pago únicamente por
las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) autorizadas por el Estado. En
2008, el Gobierno chileno realizó una gran reforma, introduciendo el Pilar
Solidario, financiado por el Estado y dirigido al 60% más pobre de la
población, que nunca había cotizado o que recibía pensiones muy bajas, al haber
contado en su vida laboral con sueldos muy bajos.